¿Democracia a la rusa?: Haciendo mermelada de la democracia liberal

Hugo Morales
Comisionado de Investigación

Introducción

Todo Estado de Derecho tiene como objeto velar por la seguridad de sus ciudadanos y con esto posibilitarles una vida llena de oportunidades. Es así que los Estados esgrimen una serie de lineamientos y parámetros supremos que todos debemos respetar con el fin de vivir en armonía, y a esta se le conoce como Constitución.

El desarrollo de la globalización y la presencia de organizaciones internacionales han generado nuevas dinámicas de inter e intra estados de modo que hoy existen diversos acuerdos internacionales adoptados voluntariamente por los estados que los comprometen a cumplir obligaciones legales. En esta investigación se busca explicar el siguiente problema: ¿en qué medida el Estado ruso vulnera los derechos de la comunidad LGTBI y de los testigos de Jehová entre 2010-2018? Me propongo a exponer los principales casos en que minorías rusas han sido vulneradas, y cómo estas acciones han violado deliberadamente los principios legales que el propio Estado ruso reconoce.

Dentro de una sociedad académica donde es cada vez más complejo etiquetar a los regímenes políticos y se hace más evidente que los discursos democráticos y las post verdades intensifican el reconocimiento real de las democracias, resalto la pertinencia de este artículo.  Este trabajo se puede constituir como un texto inicial para quienes buscan comprender o investigar a estados que pueden ser considerados como democráticos, pero a la luz de los hechos son altamente autoritarios.

El estudio de las comunidades elegidas del LGTBI y de la de los testigos de Jehová, es relevante porque demuestra cómo en pleno siglo XXI y en regímenes aparentemente “democráticos” se vulneran los derechos más elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, la libertad individual de culto, fe y religión, el derecho a reunión y el derecho al debido proceso. Así mismo, se han dado casos de personas detenidas que han sido sometidas a tratos cuestionables. Estos casos, también reflejan políticas de Estado en contra de su propia población, lo cual resulta muy útil para manifestar las contradicciones respecto a las prácticas democráticas en Rusia y la falta de equilibrio político entre los diversos poderes del Estado.

Para fines de esta investigación, y con lo identificado en la represión política rusa, se hace evidente que un cuarto poder en los estados democráticos debe ser la prensa, es así que Flavia Freidenberg sostiene que los medios de comunicación son actores centrales para el funcionamiento del sistema político (2004), cuya autonomía se basará en gran medida en los periodistas que ejerzan un control independiente del poder (Kovach 2012:155). Es desde esta perspectiva que se puede afirmar que los medios de comunicación y los periodistas por definición trabajan para la sociedad. De manera análoga, la democracia emana etimológica y conceptualmente del pueblo. Si bien, el término tiene diversas acepciones, este artículo se centra en la democracia liberal propuesta por Dahl en la que se tiene como requisitos mínimos a la libre competencia electoral, la inclusión universal de los individuos, la regla de la mayoría para la toma de decisiones y el respeto por las libertades y garantías de las minorías (1989).

Al analizar detenidamente al régimen ruso muchos cuestionamientos surgen y la búsqueda por definiciones y conceptos se hace relevante. En las últimas décadas, en el Perú, se ha acuñado un término que hace referencia a la corrupción en el periodismo, “por alguna razón, quizá por el dulcete pecaminoso de los sobornos, se le conoció entre periodistas como mermelada, y a los periodistas corruptos, como mermeleros” (Gorriti 2009:14). Es en esta línea que podemos denominar democracias mermeleras a aquellos regímenes que unifican a gran cantidad de actores políticos que se corrompen frente a un gobierno autoritario con el fin de satisfacer sus intereses particulares a expensas del pueblo, y desde luego de la democracia.

Marco teórico

Para lograr un acercamiento perspicaz a la situación rusa, se debe tomar en cuenta algunos parámetros legales importantes. La primera norma positiva dentro de los Estados democráticos modernos es la Constitución, que suele ser entendida como la norma más importante que supone el cumplimiento de tres características mínimas. Primero, las normas que le anteceden no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas, a esto se le conoce como el principio de constitucionalidad del orden jurídico. Segundo, la Constitución establece la forma cómo se organiza el Estado y cuáles son las funciones de sus diversos órganos. Tercero, expresa los procedimientos y atribuciones generales sobre el proceso para la formulación de leyes de otras normas (Rubio Correa 2009:117). 

Otro rasgo importante a tomar en cuenta son los fundamentos del constitucionalismo actual. Luego de la Segunda Guerra Mundial y debido a la degradación extrema de una parte de la población, los Estados en el “mundo reconocieron la dignidad de la persona como fundamento del Estado y del Derecho” (Sosa Sacio 2011:123), ys de este pilar que se aúna la voluntad de las naciones por  reafirmar el compromiso con los derechos fundamentales (Landa 2006:114), los cuales con máxima fuerza jurídica buscan garantizar el mínimo reconocimiento de los derechos de los seres humanos. Es pertinente recordar que su validez y legalidad varían según el país. Por ello, para comprender mejor a los derechos fundamentales y su aplicación en diversos contextos es necesario mencionar algunas de sus características más relevantes. Primero, este tipo de derechos tiene un efecto irradiador en cuanto penetra a todo el ordenamiento jurídico del Estado e incluso afecta el desarrollo de la vida social y política en general. Segundo, “actualmente se reconoce que los derechos fundamentales tienen una eficacia vertical, esto es, frente al poder estatal y una eficacia horizontal, es decir entre pares, con lo cual se afirma que los derechos valen también en las relaciones entre particulares” (Sosa Sacio 2011:128), y no solo con respecto al Estado. Tercero, los derechos fundamentales poseen una doble dimensión, por un lado la subjetiva que implica que los individuos puedan exigir sus derechos directamente, y por otro, la objetiva que implica que el Estado y la sociedad deban garantizar el respeto de dichos derechos. Cuarto, los derechos fundamentales suelen tener un alto grado de indeterminación, “son lo que son sobre todo a través de la interpretación” (Alexy 1985:35).

Durante las últimas décadas, la cooperación internacional y la cooperación estatal han llevado al fortalecimiento del Derecho Internacional Público, entendido como el conjunto de normas e instituciones que regulan la comunidad o la sociedad internacional. De ahí que los marcos legales domésticos se han visto vinculados a tratados y pactos internacionales. Pongamos por caso a los tratados, los cuales son acuerdos “con otros Estados y con organismos internacionales. Pueden ser bilaterales o multilaterales. Como podrá apreciarse, la forma cómo los tratados se insertan dentro del Derecho es muy importante porque ello determina cuáles normas internas pueden modificarlos y cuáles no. Por ejemplo, si los tratados tuvieran condición inferior a la ley, cualquier ley interna podría dejarlos sin efecto. Esto, sin embargo, sería contrario al principio de Derecho Internacional que hace que los tratados sean obligatorios, salvo que un Estado los denuncie formalmente” (Rubio Correa 2009:129-130), es decir, que se retire del compromiso internacional mediante el procedimiento adecuado. Este supuesto es respaldado por el inciso 4 del Artículo 15 de la Constitución Rusa en donde se señala que “los principios y normas del derecho internacional generalmente reconocidos y los tratados internacionales de la Federación de Rusia son parte integrante de su sistema jurídico. Si un tratado internacional de la Federación de Rusia fija reglas distintas a las estipuladas por una ley, se aplicarán las normas del tratado internacional”.

Consideremos que desde 1948 se encuentra proclamado en la Declaración de las Naciones Unidas “que la humanidad tenía unos derechos que le eran propios por su calidad de tal” (Rubio Correa 2009:41), lo cual contribuye a que el paradigma universal sobre los Derechos Humanos se asentara en el mundo. Estos derechos “tienen como evidente fundamento la igual dignidad de todas las personas, sin distinción de la nacionalidad to del territorio en que se encuentren, por tanto, no pueden esgrimirse diferencias en la protección de estos derechos por motivo de diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales, con la intención de atentar contra ellos” (Sosa Sacio 2011:149-150). Asimismo, constituyen un “elemento esencial de lo democrático y, por tanto, donde los derechos son vulnerados o postergados no se puede admitir que haya democracia” (Rubio Correa 2009:42).

Caso Testigos de Jehová

 Los testigos de Jehová son una denominación cristiana que se basa en la interpretación estricta de la Biblia. En el 2017, la Corte Suprema rusa aprovechó las falencias en el sistema jurídico y llevó a sentenciar a los testigos de Jehová como un grupo extremista. Con ello, se les obligó a disolverse (Demianchuk 2017) y se les arrebató propiedades y utensilios. El gobierno adoptó esta medida aprovechando una ventana de oportunidad surgida debido a que el colectivo había dejado de ser un grupo mayoritario y se había convertido en una minoría religiosa de aproximadamente 175,000 miembros. Una de las principales explicaciones que intentaba justificar esta decisión política, se basaba en que los testigos de Jehová habían estado oponiéndose a la política militar de Vladimir Putin (Gershkovich 2018).

Desde una perspectiva legal, la Ley contra de los testigos de Jehová debería ser considerada como inconstitucional, ya que se contrapone a otras leyes. Por un lado, se vulnera el derecho a la libertad de conciencia al establecer de forma genérica y sin especificar causal alguna que los testigos de Jehová son un grupo extremista. Así, la arbitrariedad dada en este caso es tan elevada que no se utiliza si quiera una taxatividad pertinente. Por otro lado, se vulnera el derecho de libre asociación al prohibir a los testigos de Jehová reunirse para celebrar sus actos religiosos.

Siguiendo esta línea, en abril de este año se detuvo a un testigo de Jehová danés por haber liderado la lectura de la biblia, al cual sentenciaron a 10 años de prisión. De acuerdo con Roman Lunkin, se eligió a un extranjero para ser procesado bajo las restricciones religiosas rusas para dar énfasis que nadie estaba exento de la ley. Esta medida viola el Artículo 19 de la Constitución Rusa, en donde se enfatiza que “todos son iguales ante la ley y los tribunales”. El joven detenido ha sido instrumentalizado como un ejemplo de fuerza gubernamental evidenciado en un claro trato diferenciado, que vulneró sus derechos y fue en contra de la propia Constitución. Respecto al caso, numerosas organizaciones se han manifestado en contra de la medida rusa y han presionado al gobierno para liberar al ciudadano danés. Sin embargo, las presiones al interior del país son aún muy tenues y se estima que gran parte de la población rusa está a favor de la medida de prohibir al grupo religioso. Esta situación ha generado que muchos creyentes huyan a otros países para dejar de ser perseguidos y maltratados, se estima que decenas de creyentes habrían aplicado a asilos. 

Caso LGTBI

La comunidad LGTBI ha denunciado en muchas oportunidades los casos de abuso, tortura y hasta asesinato, a los que se ve sometido todo el grupo social. Rusia se ha caracterizado por ser el país con mayor represión de la región. Ello se ha podido constatar en Chechenia, donde al menos 100 gays fueron brutalmente detenidos dejando varios muertos (Kupfer 2017). Este incidente ha provocado que la comunidad LGTBI esté más expuesta a maltratos y amenazas. Es evidente que Rusia posee una cultura altamente intolerante frente a la diversidad sexual, respaldada por el propio gobierno y por la legislación vigente. Esta discriminación se agudiza en regiones como Chechenia, que valiéndose de su condición política autónoma toma medidas más severas contra el grupo. De acuerdo a la Constitución de Chechenia del 2003, se le debe considerar un territorio indivisible y autónomo pero que forma parte de la Federación Rusa, y por ello debe cumplir con los lineamientos de la Constitución rusa. 

En la práctica, los marcos legales en el país más grande del mundo dejan mucho que desear. El diario ruso Novaya Gazeta ha denunciado en reiteradas ocasiones que los habitantes de Chechenia con otras orientaciones sexuales están en permanente peligro, tomando en cuenta  que el gobierno ha detenido, torturado y hasta asesinado a muchos (2017). Estos hechos van en contra de la Constitución de Chechenia del 2003, donde se enfatiza que la protección de los derechos y las libertades de los individuos son el valor supremo de la República. Este caso ilustra el incumplimiento, por parte del Estado, de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, en tanto “el Estado, no solo debe limitar su accionar para no transgredir derechos fundamentales, sino que es el principal encargado de realizar acciones de prevención así como de tutela iusfundamental frente al actuar de terceros” (Sosa Sacio 2011:130).

Una dinámica interesante en el campo discursivo ha surgido en los últimos años: los representantes del gobierno han empezado a negar la existencia de homosexuales en la región. Por ejemplo, Alvi Karimov dijo que “si hubiera esa clase de personas en Chechenia sus familiares los hubieran mandado a algún lugar del cual nunca regresen” (The Moscow Times 2017b). Esta negación de la realidad plantea nuevos retos, ya que en lo formal ni siquiera existe un reconocimiento del grupo en particular. Esta perspectiva, llevó a políticos chechenos, como a Ramzan Kaydrov a negar las denuncias sobre que existen al menos seis prisiones secretas en la región que albergan a homosexuales detenidos ilegalmente (The Moscow Times 2017b, Novaya Gazeta 2017) atentando contra el derecho fundamental de toda persona al debido proceso y a la tutela jurisdiccional (Landa 2001). También se ha podido ver la distorsión del sistema con los sobornos a la policía con el fin de liberar a detenidos, quienes suelen presentar golpes. (The Moscow Times 2017b).

Numerosos periodistas del diario ruso Novaya Gazeta han sufrido persecución, amenazas e incluso han sido asesinados (The Moscow Times 2017b). Precisamente, la normalidad de estos impases ha generado que se deje de ver como un hecho individual y se inicie a pensar que es una política de Estado aplicada de diversas formas y por diversas instituciones. Estas medidas buscan restringir la libertad de prensa y de información, yendo en contra del Artículo 29 de la Constitución de la Federación de Rusia donde se le garantiza a todos la libertad de pensamiento y de expresión. De manera análoga, el gobierno ha sido cuestionado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su ley  contra la propaganda homosexual. El Tribunal sentenció el 20 de junio del 2017 que la Ley contra la propaganda homosexual era discriminatoria porque “refuerza el estigma y los prejuicios y fomenta la homofobia” (El País 2017). Así mismo, se recalca que dicha medida vulnera la libertad de expresión protegida por la Constitución Rusa.

Conclusión

A lo largo de este texto hemos podido tener un acercamiento al gobierno Ruso y a sus políticas antidemocráticas. En algunos casos encontramos no solo graves violaciones a los Derechos Fundamentales rusos sino también a los Derechos Humanos. Es contradictorio que un país que reconoce la multinacionalidad y ratifica los derechos y libertades de la persona busque a la vez reprimir a gran parte de su sociedad por ser y pensar distinto a lo que se estipula por el gobierno. Regímenes como este suelen ser altamente autoritarios e intolerantes y, en efecto, se contraponen a lo entendido por democracia, al no respetar a las minorías sociales ni garantizar su bienestar. Es pertinente, resaltar que estas políticas de estado de discriminación solo se pueden sostener con actores políticos que respalden, actores que buscan obtener sus intereses a costa de la democracia, actores mermeleros.

El Estado de Derecho no sólo exige el reconocimiento de derechos y la expresión de estos en textos, como en Constituciones, sino también exigen que se respeten en la práctica. En este sentido, el Estado ruso debe ser seriamente cuestionado, ya que evidencia una intolerancia agresiva perjudicando sobre todo a las minorías de índole sexual y religiosa.

 

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